Abbott ordena investigar a los aeropuertos de Houston y Dallas tras alegar que violan una ley federal
El gobernador de Texas, ...
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó una investigación sobre dos aeropuertos del estado por la presencia o planificación de instalaciones para abluciones rituales islámicas y espacios de oración asociados a ellas. La medida involucra al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW) y al Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH), ubicado en Houston.
Greg Abbott cuestiona instalaciones religiosas en aeropuertos públicosSegún el planteo del gobernador, el DFW contempla incorporar estaciones para realizar el wudu, el lavado ritual previo a determinadas prácticas islámicas. En IAH, en tanto, ya existiría una instalación de ablución junto con una sala de oración que dispone de ejemplares del Corán y alfombras destinadas al rezo.
“Estas instalaciones sanitarias parecen diseñadas para discriminar a un sector de la población y brindarle un trato especial por motivos religiosos. Eso es ilegal”, señaló Abbott en un comunicado. “Ambos aeropuertos son instalaciones gubernamentales. Las constituciones federal y estatal prohíben que el gobierno facilite este tipo de discriminación”, agregó.
El mandatario estatal argumentó que los aeropuertos deberían garantizar un tratamiento equivalente a las distintas creencias y evitar que los recursos públicos sean utilizados para favorecer una determinada perspectiva religiosa. “Así como el gobierno no puede favorecer lo secular sobre lo sagrado, tampoco puede favorecer una creencia religiosa sobre todas las demás”, dijo.
El gobernador comparó estas instalaciones con las capillas o salas de carácter interreligioso que no están vinculadas con una confesión específica. A partir de esa diferencia, solicitó que se determine si las decisiones adoptadas por los aeropuertos cumplen con las normas constitucionales.
La investigación también fue planteada ante autoridades federales. Abbott envió cartas al secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, y a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para que revisen el funcionamiento de estos espacios y establezcan si corresponde adoptar medidas correctivas.
Qué normas cita Texas para respaldar la denunciaEl planteo menciona la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., junto con disposiciones de la Constitución de Texas. Entre ellas figura el Artículo I, Sección 6, relacionado con la libertad religiosa, además de otras normas estatales vinculadas con las propiedades gubernamentales y las obligaciones del gobernador.
En el ámbito federal, la presentación también hace referencia a distintas disposiciones del Título 49 del Código de EE.UU. y del Código de Regulaciones Federales. Entre las normas mencionadas se encuentran aquellas relacionadas con la administración, seguridad y acceso a las terminales aeroportuarias y con las condiciones para recibir fondos federales.
“Los aeropuertos que reciben fondos federales están sujetos a las condiciones asociadas a dicha financiación, incluyendo la obligación de cumplir con todas las leyes aplicables que prohíben la discriminación y protegen la igualdad de derechos de todos los estadounidenses”, argumentó Abbott en las cartas. “Estos requisitos se hacen cumplir a través del Programa de Cumplimiento Aeroportuario de la FAA”, señaló.
Los fondos estatales quedan bajo revisiónAdemás de pedir una investigación federal, Abbott dispuso revisar las subvenciones estatales otorgadas a las entidades responsables de los dos aeropuertos. La revisión podría derivar en la suspensión o recuperación de recursos ya concedidos si se determina que existió una violación de las normas aplicables.
La administración estatal también contempla impedir la entrega de nuevas subvenciones. Los beneficiarios de determinados fondos deben certificar que cumplen las leyes que prohíben la discriminación por motivos de religión, raza o sexo, según la información proporcionada por la oficina del gobernador.
El planteo de Texas sostiene que una eventual infracción de esa certificación podría generar consecuencias legales y otras medidas de cumplimiento. La decisión sobre los fondos dependerá de las conclusiones que surjan de las revisiones solicitadas.