Bodega Norton: imputaron a tres integrantes de la firma por una presunta defraudación millonaria
El Ministerio Público Fiscal de Mendoza ordenó la imputación de tres integrantes de Bodega Norton por una presunta “defraudación por suscripción engañosa de documento”, a raíz de una ope...
El Ministerio Público Fiscal de Mendoza ordenó la imputación de tres integrantes de Bodega Norton por una presunta “defraudación por suscripción engañosa de documento”, a raíz de una operatoria vinculada con una deuda por la compra de vino a la Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud. Según la Fiscalía, entre el 21 y el 30 de octubre de 2025, cuando Norton ya se encontraba en cesación de pagos, representantes de la cooperativa habrían sido inducidos mediante engaño a endosar seis cheques emitidos por la bodega por un total de $955 millones, que quedaron en manos de Acindar y fueron utilizados posteriormente para iniciar un juicio ejecutivo contra la entidad vitivinícola. Ante una consulta de LA NACION, Bodega Norton rechazó cualquier interpretación que atribuya un beneficio indebido o una conducta irregular a la empresa o a sus integrantes y aseguró que no había sido notificada de la denuncia.
La directiva fue firmada el 11 de agosto último por Alejandro Iturbide, fiscal en jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, quien consideró que existen elementos, con el grado de probabilidad correspondiente a esta instancia, prevista en el artículo 173, inciso 3°, del Código Penal. La decisión también alcanza a un directivo de Acindar Pymes SGR.
Iturbide dispuso que se proceda conforme al artículo 271 del Código Procesal Penal y se impute como presuntos coautores a David Bonomi, Martín Shulz y Lorena Sánchez, de Bodegas Norton, y como supuesto partícipe primario a Carlos Moyano, de Acindar Pymes. La decisión no constituye una condena ni una sentencia sobre los hechos investigados, sino una directiva para avanzar con las imputaciones dentro de la causa.
Ante una consulta de LA NACION, Bodega Norton rechazó cualquier irregularidad y aseguró que ni la empresa ni sus colaboradores habían sido notificados de la medida. “Bodega Norton rechaza cualquier interpretación que atribuya un beneficio indebido o una conducta irregular por parte de la empresa, sus directivos y sus empleados”, señaló en un comunicado oficial.
“Más allá de que ni Bodega Norton ni sus colaboradores se encuentran notificados, ni conocían la existencia de esta denuncia, confiamos en que la Justicia permitirá esclarecer los hechos y determinar que no hubo un accionar contrario a derecho por parte de Bodega Norton, para lo cual seguirá estando, como en todas las instancias necesarias, a disposición de la Justicia”, agregó la compañía.
Por su parte, desde el estudio jurídico Fargosi, que está a cargo del procedimiento concursal de Norton, cuestionaron la investigación penal aludida en el documento. “Es una fantasía jurídica, es una causa penal inventada”, señalaron. Según indicaron, “es un crédito que ya estaba impago en septiembre y se renegoció en septiembre de 2025”. Además, respecto del proceso de reorganización de la compañía, afirmaron: “El concurso marcha bárbaro”.
El caso tiene como antecedente una operatoria realizada en 2024, que quedó expuesta a partir del concurso preventivo de Bodega Norton. Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, la Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud vendió a Norton 375.000 litros de vino Malbec y 45.000 litros de Cabernet por $503,25 millones. Para cobrar la operación en un plazo más corto, se acordó canalizar el pago mediante un préstamo del Banco Santander. La Cooperativa tomó el crédito a su nombre, mientras que Norton asumió la obligación de cancelarlo, con intereses y gastos asociados. Para garantizar la operación intervino Acindar Pymes SGR, que debía responder ante la entidad bancaria en caso de incumplimiento. A su vez, la cooperativa cedió a la SGR la factura correspondiente a la venta del vino.
En su resolución, el fiscal remarcó que hasta ese momento se trataba de “un negocio lícito inicial” y describió la operatoria como “más o menos usual en el medio y en el mercado”. El conflicto que dio origen a la hipótesis penal, según el Ministerio Público, surgió con los acontecimientos posteriores. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, Norton debía cancelar el préstamo el 9 de septiembre de 2025, pero no lo hizo.
Finalmente, Acindar pagó el crédito al Banco Santander y se subrogó en los derechos de la entidad bancaria contra la Cooperativa. Los denunciantes sostienen que Acindar perdió la posibilidad de trasladar la responsabilidad a la cooperativa por el transcurso de determinados plazos, mientras que la SGR entiende que la entidad vitivinícola se había constituido como deudora solidaria, lisa, llana y principal pagadora frente al banco.
Según consta en la resolución, el expediente concursal estableció como fecha de cesación de pagos de Norton el 17 de septiembre de 2025 y la bodega se presentó en concurso de acreedores el 31 de octubre de ese año. El Ministerio Público sostiene que los representantes de la cooperativa desconocían esa situación y que, entre el 21 y el 30 de octubre de 2025, dependientes de Norton mantuvieron negociaciones con Acindar y con San Carlos Sud para renegociar la deuda. Según la hipótesis fiscal, en ese marco se acordó que Norton la cancelaría mediante seis cheques por un total de $955 millones.
Los documentos fueron emitidos el 29 de octubre de 2025 a nombre de la cooperativa, que debía endosarlos para luego entregarlos a Acindar o a quien la SGR indicara. Esos títulos son actualmente objeto de un juicio ejecutivo iniciado por Acindar contra San Carlos Sud, según individualiza la propia resolución fiscal.
Según Iturbide, la incorporación de la cooperativa como endosante habría sido conseguida mediante un presunto engaño y habría permitido mejorar la posición de Acindar como acreedor. En la resolución se atribuye la intervención en esas negociaciones a Bonomi, Shulz y Sánchez, de Norton, y a Moyano, de Acindar.
Para el fiscal, la maniobra investigada “excede el mero libramiento de cheques destinados a cancelar una deuda preexistente con conocimiento de que no iban a poder ser cobrados”. Según la hipótesis del fiscal, los cheques fueron confeccionados a nombre de la cooperativa y sus representantes habrían sido inducidos a endosarlos para que finalmente llegaran a manos de la SGR.