Hoy no hay una sola conversación, sea sobre economía, política, deportes, salud, educación, arte, ciencia o religión, en la que no aparezcan dos letras: IA.

La inteligencia artificial ya atraviesa nuestra vida en casi todos los planos. Por un lado, nos fascina; por otro, nos asusta. Nos abre oportunidades increíbles, pero también supone riesgos y peligros inquietantes. Genera desafíos individuales, pero también sociales e institucionales. Los expertos dicen que ya no se trata de una revolución tecnológica, sino de un salto civilizatorio. Nos mete, a un ritmo vertiginoso, en una dimensión desconocida. La convivencia con robots ha dejado de ser un escenario de ciencia ficción para convertirse en una realidad familiar y cotidiana.

No está claro quién respondería penalmente por las decisiones o desviaciones de empresas formadas y gestionadas solo por agentes virtuales

En ese contexto, aparece una pregunta crucial: ¿nos estamos preparando para lidiar con ese mundo?, ¿estamos discutiendo el asunto con la profundidad, el rigor y la amplitud que necesita?

El gobierno argentino acaba de dar algunos pasos audaces. Incluyó, en un proyecto de ley, la posibilidad de reconocerles personería jurídica a sociedades no humanas, íntegramente formadas por agentes de IA. También lanzó un programa de gestión denominado “gemelo digital”, una plataforma que busca integrar y procesar grandes volúmenes de datos (como registros de la Anses, Migraciones, sistemas de educación o de salud) para definir políticas públicas y anticiparse a demandas sociales. Todavía está en un estado embrionario, pero promete un cambio revolucionario en la gestión de subsidios, becas, apoyo escolar y otros mecanismos de asistencia estatal.

Por un lado, esas iniciativas parecen conectar con un espíritu moderno e innovador que propone adaptar marcos legales y administrativos a las posibilidades de la IA. Por otro, abren interrogantes fundados sobre la protección de datos personales y las implicancias de delegar en los algoritmos decisiones que deberían pasar por el filtro de la sensibilidad y la experiencia humanas. No está claro, tampoco, quién respondería penalmente por las decisiones o desviaciones de empresas formadas y gestionadas solo por agentes virtuales.

Suena estimulante la discusión, pero está claro que proyectos de esta naturaleza exigen un análisis muy cuidadoso, alejado de improvisaciones y arrebatos. No ha habido casi ninguna explicación por parte del Gobierno antes de avanzar con esta idea provocadora de las sociedades no humanas. No ha hecho docencia sobre sus eventuales ventajas; no fue ningún funcionario al Congreso a fundamentar y argumentar. La iniciativa, sí, ha encendido la preocupación de uno de los intelectuales más influyentes del mundo, y quizá quien mejor ha estudiado estos temas, como el israelí Yuval Harari: “Es una llave maestra para que las corporaciones actúen sin límites éticos”, advirtió.

Las oportunidades y los desafíos tecnológicos exigen de los gobiernos una buena cuota de audacia y anticipación, pero también de responsabilidad y prudencia para calibrar los riesgos. La Argentina tiene un problema estructural: enfrascada siempre en la urgencia, le cuesta planificar e imaginar el largo plazo. Ahora surge un debate sobre el futuro, pero sin la consistencia, la densidad y el soporte que necesitan discusiones de esta envergadura. Se habla nada menos que de crear un marco jurídico para empresas íntegramente robotizadas, pero no se escuchan, sobre ese asunto, las voces de las academias, las universidades o los colegios profesionales en una deliberación fructífera. Corremos el riesgo, así, de entrar a la modernidad de una manera improvisada, “a la argentina”.

Decir que detrás de estos temas debería haber un panel de expertos puede resultar demasiado obvio y lindante con el lugar común. Los “comités de asesoramiento científico” quedaron muy devaluados después del manejo desafortunado al que contribuyeron en la pandemia. Sin embargo, los modelos internacionales confirman que el abordaje multidisciplinario y el asesoramiento de especialistas son fundamentales para encauzar un desarrollo tan complejo y multifacético como el de la inteligencia artificial.

Más que la audacia súbita y sorpresiva de un excéntrico proyecto de ley, tal vez el Gobierno podría ser verdaderamente innovador si creara un “gabinete digital” encargado de proponer, en un determinado lapso, iniciativas novedosas para aprovechar, y al mismo tiempo regular, los avances de la IA. Puede sonar como una propuesta burocrática, pero abriría la posibilidad de un trabajo más riguroso y equilibrado para potenciar esta modernización y atenuar sus riesgos.

En la Unión Europea ya hace dos años que entró en vigor la denominada AI Act, que establece un marco legal que regula el desarrollo, la comercialización y el uso de sistemas de inteligencia artificial. Se llegó a esa legislación después de un arduo trabajo técnico, filosófico y parlamentario que se había iniciado en 2021. En Estados Unidos, el tema es eje central de audiencias en el Congreso y debates en las universidades, y ya hay estados, como California, que tienen leyes específicas. Lo que se ve en el mundo, en definitiva, es una conversación pública de alto vuelo alrededor de este tema, algo que no termina de articularse en la Argentina. No es por falta de recursos técnicos e intelectuales, sino por una dificultad estructural para construir diálogos de este nivel por encima de la polarización y el oportunismo político.

La provincia de Buenos Aires fue la primera en dictar una resolución (la 9/2025) que regula el uso de la IA en la administración pública, pero se parece más a un texto bienintencionado que a una arquitectura jurídica robusta, que contemple recursos y mecanismos efectivos para el desarrollo y la regulación de los algoritmos en la gestión estatal. De hecho, es una simple norma administrativa, no una ley ni un texto de consenso en el que hayan participado actores de la sociedad civil y de todo el sistema institucional.

Lo que ha propuesto ahora el gobierno nacional involucra solo una pequeñísima porción del gigantesco desafío que propone la revolución algorítmica y que exige un debate mucho más amplio. El avance supersónico de estas tecnologías está generando temblores en casi todos los frentes: desafía a los maestros, a los padres, a las industrias y a nosotros mismos como individuos y como ciudadanos. Nos obliga a formularnos preguntas como estas: ¿dejaremos que las máquinas busquen, investiguen y piensen por nosotros?, ¿empezaremos a relacionarnos con ellas como si fueran amigos o confidentes?, ¿pondremos en sus manos decisiones íntimas y personales? Estos interrogantes, que hace apenas unos meses parecían pertenecer al mundo fantástico de autores como Ray Bradbury, hoy nos acosan todo el tiempo. ¿Hasta dónde ChatGPT funciona como un asistente y en qué momento empieza a reemplazarnos? Son dilemas individuales, pero también colectivos e institucionales.

Cualquiera que interactúe con Claude, Gemini o Grok sentirá, en partes iguales, fascinación y temor: se ofrecen a hacer por nosotros cualquier trabajo intelectual y parecen superarnos en rapidez, capacidad técnica y analítica. Entienden todo a una velocidad asombrosa. Interpretan y hasta simulan “sensibilidad humana”, aportándonos consejos y observaciones sagaces. Nos evitan cualquier proceso de búsqueda y nos tientan con la propuesta de ahorrarnos hasta el más mínimo esfuerzo de producción y elaboración de contenidos.

Los psicólogos y educadores ya advierten sobre los riesgos de la “pereza cognitiva” y el “sedentarismo intelectual” que implican esas interacciones: “¿para qué voy a escribir una monografía, hacer un cuadro sinóptico o resumir un libro si el chat lo hará mejor y más rápido que yo?”. Las escuelas y las universidades son empujadas a un cambio radical en las formas de enseñar y de evaluar.

Todo proceso que implique un factor aleatorio o de riesgo tiende a desaparecer, con lo bueno y lo malo que eso supone. Hay un ejemplo gráfico en una actividad como la pesca: dispositivos muy accesibles de IA ahora localizan exactamente dónde están los peces. No hace falta explorar. La experiencia y la intuición del pescador ya no tienen sentido. Eso reduce costos, tiempo y riesgo. Pero también anula el sentido y la gracia esencial de una práctica milenaria. Ya no se “pesca”: simplemente se recolecta. Es apenas un ejemplo, pero nos conecta con un dilema de fondo: ¿cuánto perdemos de humanidad en ese mundo eficiente de la IA en el que todo parece “resuelto”?

Reparemos en otro debate incipiente, en el que la Argentina está rezagada: detrás de la magia de las “bibliotecas infinitas e hiperaccesibles” que nos proveen todas las respuestas, también se esconden otras trampas y dilemas. ¿De dónde sacan el contenido plataformas como el ChatGPT? Los principales editores del mundo acaban de advertir, en el Congreso Mundial de Medios, que en buena medida se lo roban, literalmente, a las empresas periodísticas, sin pagar derechos por esa burda apropiación de un trabajo profesional que a las empresas les cuesta mucho producir.

El plagio de la IA es, también, una pequeña parte del inmenso universo de problemas que plantea su desarrollo anárquico y avasallante. El año pasado, por ejemplo, los fiscales generales de 44 jurisdicciones de Estados Unidos hicieron una presentación ante las principales compañías de inteligencia artificial en la que señalaban, con pruebas en la mano, el peligro de que los asistentes virtuales interactúen de manera inapropiada con menores de edad a los que tratan como adultos. Les exigían, concretamente, que adoptaran medidas inmediatas para evitar que estos productos se conviertan en un terreno fértil para el acoso, la manipulación y el daño psicológico.

Hoy tramita ante la Justicia norteamericana un caso caratulado “Raine vs. OpenAI”: es una demanda promovida por los padres de Adam Raine, un adolescente de 16 años que se mató tras varios meses de diálogo con un asistente virtual que llegó a proporcionarle instrucciones técnicas sobre cómo suicidarse. Tribunales de todo el mundo empiezan a lidiar con reclamos vinculados a la IA.

Basta seguir en LA NACION las columnas del especialista Fernando Tomeo para trazar un mapa de los múltiples riesgos y desafíos que involucra este debate. En una de ellas, y solo para tener una idea de la amplitud infinita de dilemas éticos y jurídicos que plantea la IA, habla de la posibilidad, ya concreta, de “revivir” digitalmente a los muertos a través de modelos de lenguaje entrenados con sus mensajes, audios, fotos y videos. Es un “avance” que desdibuja las fronteras entre la vida y la muerte, desnaturaliza el proceso del duelo e implica, entre muchas otras cosas, una cuestión de derechos post mortem vinculados con la identidad digital.

El debate sobre la IA, en definitiva, no es sobre regulaciones o desregulaciones; es un debate mucho más hondo y desafiante sobre nosotros mismos y sobre la sociedad en la que queremos vivir. No es una mera discusión técnica ni política, sino un desafío civilizatorio. ¿Estamos dispuestos a tener esa conversación? ¿Seremos capaces de hacerlo sin caer en simplificaciones, tironeos partidarios y marketing electoral? Como individuos y ciudadanos, la pregunta tal vez sea más inquietante: ¿nos preparamos para el futuro o dejamos que nos lleve puestos?

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/inteligencia-artificial-el-debate-que-nos-debemos-nid11062026/