La fiscalía pidió medidas de protección para un testigo que declaró contra un importante camarista federal de Córdoba
CÓRDOBA.- Cada nuevo capítulo de la ...
CÓRDOBA.- Cada nuevo capítulo de la causa judicial iniciada contra el vicepresidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, se convierte en un tema de conversación dominante en los tribunales cordobeses. El último fue el pedido de la fiscalía para que se proteja a un testigo porque dijo haber sufrido presiones.
Sánchez Torres fue acusado hace un mes y medio de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción”.
Quienes promueven la investigación son los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. La semana pasada pidieron medidas protectivas para el secretario del tribunal, Francisco Juárez Rouvier, quien declaró como testigo. Es el reemplazo de la denunciante del camarista Celina Laje Anaya.
El juez Alejandro Sánchez Freytes ordenó a Sánchez Torres que evite todo tipo de contacto personal con Rouvier y notificó al Consejo de la Magistratura de la situación.
En la acusación que llevan adelante los fiscales aparece, como segundo hecho, que desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2025, Sánchez Torres “habría abusado de la autoridad que investía” desplegando sobre la secretaria Laje Anaya “actos de maltrato y violencia laboral, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo”.
La acusación afirma que ese accionar apuntó a castigar a la funcionaria por haberse negado a convalidar el esquema irregular de integración de la sala.
Según los acusadores, le pidieron que convalidara una conformación de la Cámara que violaba el criterio rotativo en una causa por evasión agravada contra un exdirectivo de la cerealera Bunge.
La mujer -quien es familiar del intelectual libertario Agustín Laje-, finalmente, abandonó su puesto.
En septiembre pasado, Laje Anaya presentó una denuncia contra Sánchez Torres, Montesi y Olmedo por “abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y acoso”.
Hairabedián y Turano imputaron a fines de marzo a Sánchez Torres, a su pareja y también vocal de la Cámara, Graciela Montesi y al secretario Mario Olmedo por los hechos denunciados.
Rouviere, en su declaración, calificó como “muy autoritario” a Sánchez Torres, a la vez que mencionó una amenaza que habría hecho al colega Eduardo Ávalos (vocal de la Cámara Federal cordobesa) en el marco de la discusión por un voto. “Si no lo cambia, me lo llevo puesto a él y a vos”, habría dicho en esa ocasión. También planteó que el camarista lo llamó antes de que fuera a declarar.
En la misma declaración afirmó sentir “miedo” por el denunciado “más aun después de haber hecho esas revelaciones”. La fiscalía subrayó que el testigo “trabaja bajo la inmediata dependencia y órdenes del imputado”.