Las economías siempre se desenvuelven en diversos contextos de “climas de épocas” o ciclos de “humores sociales” y en diferentes situaciones políticas. Pero ello no significa, como generalmente se interpreta, que la sola “voluntad política” pueda “torcer” los fundamentos del arte de las buenas prácticas de la administración de las economías, especialmente de las cuentas públicas.

La muy relevante contribución positiva, que puede y debe efectuar la política a la economía, es la de asegurar la mayor confianza posible de una sociedad, tanto entre sus diversos entramados productivos como en la creencia común de contar con la potestad del poder público; esto es la confianza de un poder político capaz de sostener la validez ejecutiva de un conjunto suficiente de reglas económicas estables en el largo plazo, relativamente racionales y fáciles de interpretar.

Antes, eran las propias coronas de los distintos reinos las que dictaban las reglas económicas en sus dominios territoriales. Ahora son los presidentes y/o los primeros ministros ejecutivos de los países, mediante las diversas instituciones económicas de sus sistemas de gobierno, con sus diversidades de calidades institucionales relativas, los que fijan las reglas económicas y generan los incentivos a su cumplimiento.

Aquellas reglas económicas que permitan las mejores y mayores interacciones posibles de los ahorristas con los inversores; de los consumidores con los productores y los comerciantes; de los usuarios con sus proveedores; de los empleados con los empleadores y de los empresarios con los trabajadores, con las finanzas y con las innovaciones de las tecnologías, etc.; serán las que propiciarán un mayor progreso relativo compartido de las sociedades.

Como una necesaria presentación de la complejidad actual de los contextos sociales y políticos, resulta pertinente recordar lo que el politólogo Juan Iramain comentaba acerca de una reunión de su especialidad realizada en Estados Unidos hace más de una década. Allí, un expositor iniciaba su alocución con una frase muy intrigante: “Recuerden en Latinoamérica 3 números: 60, 30 y 0”.

Y explicaba: el 60% promedio son las personas y familias que se consideran, y quizás definitivamente, como pertenecientes al amplio sector llamado “clase media”. Pero solo la mitad, el 30% del total de la población, realmente lo son. Por último, el 0% era la pesimista expectativa media del crecimiento económico promedio de aquellos años, luego de haber atravesado la región aquel “súper ciclo” de elevados precios relativos de los alimentos, de la energía y de los minerales, de la primera década del actual siglo XXI.

Agregaba luego aquel mismo expositor un número más: el 13. Era la cantidad de países de la región en los que sus presidentes estaban habilitados a competir por su reelección, en aquellos contextos de frustración general, aún sin “outsiders políticos” (la política profesional no los vio venir) y con economías todavía muy débiles. Era obvio que iban a gastar más que sus ingresos para tratar de superar aquel “mal humor social” en el corto plazo e intentar sostener su poder político.

Hoy, otra década más después y con un cuarto del siglo XXI ya transitado, son los índices de variación de precios al consumidor (IPC) o inflación doméstica los que están señalando a los gobiernos y a sus instituciones, que ahorraron en aquel ciclo de bonanza, que quizás aún están transitando una compleja circunstancia social, pero al menos lo hacen con una bajo impuesto de inflación anual (una media de 1 dígito porcentual en casi toda la región); como también a aquellos otros países, como el nuestro, que lo hacen aún con un alto IPC por no haber ahorrado durante el favorable ciclo de expansión económica y tener la necesidad de financiarse después ya sea con excesos de emisión monetaria, por encima de la demanda de dinero, y/o con más deuda pública, con algunas inconsistencias de los compromisos financieros asumidos con sus reales posibilidades de repago.

Dejando de lado el extremo caso de Venezuela por la desmesura de su ya muy prolongada hiperinflación, quedamos casi solos en la región de Latinoamérica con una continua inflación anual de dos dígitos desde hace más de 20 años; incluso en los recientes años 2023 y 2024, con un “fogonazo” de inflación anual de 3 dígitos, que despertó en la sociedad una alta demanda de estabilidad monetaria.

Como una lógica consecuencia de décadas de desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios, estamos ante una “economía bimonetaria consolidada”; nuestra moneda doméstica es únicamente utilizada para los flujos de las transacciones menores y cotidianas y solo nos evita ser una economía de trueque (un sistema que la humanidad dejó atrás hace alrededor de 30 siglos). No consideramos el peso (tuvimos que quitarle 13 ceros en las 2 décadas que van de 1970 a 1990) como una unidad de cuenta de ningún bien o servicio relevante, ni como una reserva de valor económico de nuestros ahorros ni, por ende, de nuestras inversiones. Para ello utilizamos el dólar estadounidense.

Se trata de una explícita y profunda crisis de confianza de la sociedad en su propia moneda nacional; lamentablemente, con fundamentos muy válidos por el irresponsable comportamiento histórico de las propias instituciones públicas que la administraron. Pero la inflación no sólo tiene un “origen monetario”; también opera la inflación llamada “estructural”, que ocurre cuando se intenta corregir los precios relativos distorsionados, pero muchos de ellos resultan nominalmente inflexibles a la baja, “empujando” así al resto de los precios al alza para su corrección relativa.

Por último, también actúan las expectativas negativas, la llamada “inercia inflacionaria”; porque la economía es un sistema que reacciona, y cada vez más inmediatamente con las actuales innovaciones tecnológicas de la data global y la inteligencia artificial, a las predicciones que hoy se efectúan sobre ella. Queda claro que, con un relativamente bajo nivel histórico de confianza interna, se generan paradigmas (“lentes sociales” de puntos de vista y de creencias basadas en la “muy pesada historia pasada”) que permiten validar hipótesis continuamente pesimistas.

La conclusión sería que la confianza sigue siendo la principal e insustituible “materia prima intangible” (un oxímoron, pero muy descriptivo) de cualquier moneda. Aun cuando se exhiban varios años continuos de disciplina fiscal y monetaria, estos serán inicialmente siempre relativamente escasos frente a la referida pesada historia de largo plazo de antecedentes de desatinos.

A este fundamental concepto del “valor de la confianza” ya lo percibía cabalmente, hace más de 3 milenios, cualquier corona real que se disponía a acuñar su propia moneda. Si alguien la imitaba, se consideraba que falsificaba la misma firma del propio Rey, que violaba su poder de soberanía y era considerado un muy grave delito de “lesa majestad”, que se castigaba con la pena de muerte.

Esa era la justificada importancia que los reyes asignaban a sus monedas. Porque la “salud económica” de las mismas, al ser aceptadas como la unidad legal de las transacciones, de las cuentas de los stocks acumulados y de la reserva de valor económico de los ahorros, incluso hasta de los súbditos de otras comarcas distantes de otros reyes, seguramente menos confiables, se ampliaban así sus imperios, aun más que mediante las invasiones bélicas de sus propios ejércitos.

Objetivamente, las variaciones de nuestros precios domésticos, desde la sanción de la ley denominada “caja de conversión” de fines del siglo XIX, acompañaron hasta algunos años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, el ritmo de las variaciones de los precios de los países con las monedas consideradas más estables.

Hasta entonces, nuestras variaciones de los precios internos respondían exclusivamente a causas externas, como las guerras o las crisis económicas internacionales. Pero desde hace más de 7 décadas, atravesando diferentes pertenencias partidarias y preferencias ideológicas diversas, adicionamos a las causas exógenas también las razones internas referidas: los desequilibrios por la inflación monetaria, por la inflación estructural y por la inflación derivada de las expectativas negativas. Como decía el Profesor Dr. Julio H. G. Olivera: “Existen, al menos, 3 clases de inflación y en nuestro país las tenemos a las 3”.

Actualmente se está quitando, vía “shock”, la crucial inflación monetaria; se avanzó, pero aún está inconclusa la total mitigación de la inflación estructural, derivada de la gradual corrección de los precios relativos y finalmente, está todavía pendiente, porque es necesariamente una muy paciente tarea de largo plazo, la imprescindible desactivación gradual de las expectativas negativas.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-inflacion-argentina-nid18082026/