La nueva ley de California que beneficia a trabajadores inmigrantes y aplica multas de hasta US$10.000
California promulgó una nueva ley que amplía las ...
California promulgó una nueva ley que amplía las protecciones laborales frente a determinadas prácticas relacionadas con la inmigración. AB 2495 fue firmada por el gobernador Gavin Newsom el 29 de septiembre de 2026 y comenzará a regir el 1° de enero de 2027. La norma modifica la sección 1019 del Código Laboral y establece una multa civil de hasta US$10.000 por empleado o persona y por cada violación.
Qué cambia para los trabajadores en CaliforniaDe acuerdo con el comunicado oficial del gobierno de California, una de las principales modificaciones es la ampliación de las conductas prohibidas. La ley alcanza conductas que razonablemente puedan disuadir a una persona de ejercer un derecho reconocido por la legislación o a inducirla a abstenerse de realizar algo que tiene derecho a hacer.
AB 2495 también amplía el marco de protección frente a represalias vinculadas con el estatus migratorio. La situación migratoria real de una persona es irrelevante para determinar la responsabilidad, mientras que la norma también contempla acciones relacionadas con un estatus migratorio percibido.
El alcance no se limita a quienes ya trabajan para una empresa. La definición utilizada por la ley incluye a postulantes, empleados y exempleados.
Qué conductas quedan alcanzadas para los trabajadores inmigrantes en CaliforniaLa nueva ley considera prácticas migratorias injustas determinadas conductas cuando se utilizan con fines de represalia o coerción, entre ellas:
Solicitar documentos adicionales o diferentes de los exigidos por la legislación federal para comprobar la autorización de empleo.Utilizar E-Verify de una manera no autorizada.Amenazar con contactar a las autoridades migratorias o hacerlo.Amenazar con presentar informes policiales falsos.Presentar determinadas denuncias o informes falsos ante agencias estatales o federales.Cuánto pueden pagar los empleadores en CaliforniaAB 2495 establece una multa civil de hasta US$10.000 por empleado o persona y por cada violación. El dinero debe otorgarse a quien sufrió la conducta prohibida.
La sanción económica puede coexistir con otras vías de reparación. La persona afectada puede presentar una demanda civil y solicitar los recursos previstos por la legislación, incluidos daños cuando correspondan.
Un tribunal también puede ordenar la suspensión de determinadas licencias vinculadas con la operación del negocio. El plazo puede llegar a 14 días por una primera infracción, 30 días por una segunda y 90 días por una tercera o posterior. Las licencias profesionales quedan excluidas de este mecanismo.
Al resolver una medida de este tipo, el tribunal debe considerar factores como el carácter deliberado de la conducta y el posible perjuicio que la suspensión pueda ocasionar a otros trabajadores.
Cuando la persona afectada prevalece en una demanda, también puede recuperar los honorarios razonables de sus abogados y los costos del proceso, incluidos determinados gastos relacionados con expertos.
La firma de Newsom se produjo el 29 de septiembre de 2026, pero las nuevas disposiciones comenzarán a regir el 1° de enero de 2027.
La legislación estatal no modifica la autoridad del Gobierno federal para aplicar las leyes de inmigración. Su alcance se concentra en las conductas que California considera ilegales dentro de las relaciones laborales y en las consecuencias civiles previstas para esas infracciones.
La norma contempla una excepción cuando la conducta se realiza por una dirección o solicitud expresa y específica del Gobierno federal. Su aplicación dependerá de las circunstancias de cada caso y de los requisitos establecidos por la legislación de California.