La otra batalla de Brasil: la elección para el Senado, con figuras de alto perfil y una agenda “anti-Supremo”
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BRASILIA.– Brasil elige presidente el domingo, pero el poder que puede definir la próxima crisis institucional se juega en la elección que no tantos electores miran. Independientemente de que sea necesario un balotaje presidencial el 25 de octubre para definir al ocupante del Palacio presidencial del Planalto, este domingo se renovarán 54 de las 81 bancas del Senado, dos tercios de la Cámara Alta.
Señal de estos tiempos, en abril, ese Senado le rechazó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva su candidato a la Corte Suprema. Jorge Messias, abogado general de la Unión, cayó por 42 votos contra 34. Messias necesitaba 41 y en la recta final lo abandonaron hasta aliados de su propio gobierno. Fue la primera vez en 132 años que una nominación al Supremo Tribunal Federal (STF) se cayó en el recinto, dejando la Corte hasta hoy con un sillón vacante.
“Hoy el Congreso tiene instrumentos que facilitan su actuación en desacuerdo con el Ejecutivo”, dijo a LA NACION Lara Mesquita, investigadora del Centro de Políticas y Economía del Sector Público de la Fundación Getulio Vargas (FGV). Aquella votación ayuda a dimensionar el poder que se renueva este domingo.
Los electores votarán el domingo seis veces en una misma secuencia de pantallas: presidente, gobernador, diputado federal, diputado estadual y dos senadores, que deben ser distintos. Para el Senado gana el más votado, sin segunda vuelta, con mandatos de ocho años.
Ese cuerpo aprueba por mayoría absoluta a los ministros del Supremo, puede destituirlos por delitos de responsabilidad y juzga a un presidente en un juicio político. Nunca esas atribuciones importaron tanto en Brasil como ahora, cuando la principal crisis institucional del país se cursa dentro de la propia Corte.
El escándalo del Banco Master es la razón. Su dueño, Daniel Vorcaro, hoy preso, había tejido una red de contactos que atraviesa todo el arco político y llega al corazón del Poder Judicial. Salpicó en plena campaña al senador y candidato a la presidencia Flavio Bolsonaro, que le pidió dinero para financiar un film sobre su padre, y alcanzó a varios jueces del Supremo, con Alexandre de Moraes en el centro de la tormenta. Llevado el asunto al plenario por el juez André Mendonça, el Supremo debió decidir por primera vez si investigaba a uno de los suyos: terminó empatado y sin resolver.
Pero otro dato que mide el cambio de época sobre el poder de la Cámara Alta son los vetos presidenciales. “En los dos primeros mandatos de Lula, de 2003 a 2010, apenas dos fueron volteados. Ahora, en el tercero, ya son más de 40”, señaló Murilo Medeiros, politólogo de la Universidad de Brasilia.
Mesquita explicó que antes el Congreso directamente no trataba los vetos, y así evitaba reconocer la derrota, hasta que el Supremo lo obligó: “Cuando obligás al Congreso a apreciar los vetos, muchas veces estás creando el estímulo para voltearlos”. Se suma que “Lula 3” es un gobierno minoritario, que fue incapaz de construir una coalición amplia, según la investigadora.
El propio Lula se ha quejado de esa pérdida de poder a manos del Legislativo. En campaña, señaló que el Congreso se apoderó del control de las agencias reguladoras y del volumen de las enmiendas parlamentarias, recursos que pueden ser asignados por parlamentarios de forma discrecional. “No existe país en el mundo en que el Congreso se quede con el 50% del presupuesto de la Unión”, reclamó.
Alto perfilLos sondeos anticipan una Cámara Alta de alto perfil a partir de 2027. La ex primera dama Michelle Bolsonaro en el Distrito Federal, Carlos Bolsonaro en Santa Catarina, Roseana Sarney en Maranhão y una fila de gobernadores y ex gobernadores están entre quienes pelean, con buenas chances de ser electos, una banca en el Legislativo. Según el promedio de encuestas del sitio Poder360, la oposición lidera en 27 de las 54 bancas en disputa y el campo de Lula, en 23.
El problema de fondo es el bloqueo. El Supremo nunca logró darse un mecanismo para investigar a sus propios integrantes, y cada intento terminó frenado dentro del tribunal. A eso se suman la proliferación de decisiones monocráticas -un solo ministro suspendiendo leyes o actos del Congreso- y la concentración de poder en unos pocos gabinetes.
Agenda “anti-Supremo”Como la Corte no se controla a sí misma, el control queda en manos del Senado, el único órgano que puede juzgar a un ministro. Ese es el caldo de cultivo de esta campaña: decenas de candidatos llegan al domingo con una agenda “anti-Supremo” y varios con el impeachment como consigna.
Mesquita resumió el argumento que corre esa bandera del terreno bolsonarista hacia partidos moderados: “Si no abrimos un proceso, no hay nada que controle a esos ministros. No quedó ninguna alternativa”.
El humor social acompaña: seis de cada diez brasileños no confían en el STF, según AtlasIntel. Dos relevamientos con métodos distintos, del Estadão y de O Globo, coinciden en que cerca del 60% de los candidatos al Senado apoya destituir ministros y más del 90% quiere mandatos fijos.
Aun así, la agenda de Brasilia no es la de la calle. “El elector reclama primero seguridad”, dijo a LA NACION el delegado Éder Mauro, candidato del Partido Liberal en el estado de Pará y favorito a quedarse con una de las dos bancas por su estado.
Pero Mauro no deja dudas sobre qué hará si gana: “Defiendo el impeachment de Moraes. No hay condiciones para que siga en el Supremo. Quiero un Senado que examine los pedidos, investigue los hechos y vote”.
Del otro lado, la resistencia es minoritaria. El senador Jaques Wagner, del PT, que busca la reelección por Bahía y está a su vez investigado en el caso Master, pide votos abiertamente contra los pedidos de destitución.
La promesa choca con la aritmética. Destituir a un ministro exige 54 votos, dos tercios de los 81 senadores. La proyección del sitio Poder360 estima para 2027 unos 43 senadores de oposición, 31 alineados con Lula y siete que fluctúan: el Senado más hostil al Supremo de la historia reciente quedaría a once votos de destituir un juez.
Y hay un obstáculo previo. El presidente del Senado decide si un pedido avanza o duerme en un cajón, y el actual presidente, Davi Alcolumbre, ya avisó que frenará cualquier intento contra ministros del Supremo. Esa silla se define en febrero de 2027, y el PL de Flavio Bolsonaro dejó claro que sus planes no lo incluyen y trabaja con otros nombres.
Varios senadores le atribuyen a Alcolumbre la derrota de Messias y Lula quedó tres meses sin hablarle, hasta que en agosto se vieron en la casa de Moraes. El costo había sido concreto: el fin de la escala laboral 6x1, una de las principales promesas del oficialismo, quedó cajoneado en el Senado hasta después de las elecciones. “Sin esa conexión con el presidente del Senado, se corre el riesgo de que el propio presidente de la República vea su agenda paralizada”, advirtió Medeiros.
Mientras el impeachment concentra el ruido, hay una vía más rápida que exige 41 votos y no 54. El próximo presidente tendrá la posibilidad de nombrar al menos tres nuevos jueces para el máximo tribunal, debido a las jubilaciones obligatorias de los magistrados Cármen Lúcia y Luiz Fux, más una vacante ya abierta. Hasta Éder Mauro lo admite: “Los nuevos nombramientos pueden cambiar al Supremo más rápido”.
Consultada sobre si la reforma llegará con Flavio o con Lula, Mesquita consideró que no depende tanto de quién gane el domingo. “Lo definitorio va a ser la propia actuación interna de los jueces: cómo se van a comportar y qué iniciativa van a tomar para evitar esa reforma”. Si el tribunal se autolimita, puede desactivar la ofensiva.
Brasil elige el domingo el cuerpo que puede juzgar a su Corte Suprema. Lo que haga con ese poder va a imprimir, en buena medida, el futuro del tribunal y su relación con el Ejecutivo.