Resistencia, capital provincial del piquete, con niveles de violencia en aumento
RESISTENCIA.- El miércoles pasado, hinchas de Talleres de Córdoba protagonizaron un feroz enfrentamiento con ...
RESISTENCIA.- El miércoles pasado, hinchas de Talleres de Córdoba protagonizaron un feroz enfrentamiento con manifestantes que cortaban la ruta 11, a la altura de General Obligado, en Santa Fe. Los manifestantes obstruían el paso de los simpatizantes que se dirigían a Resistencia a ver el partido que su equipo disputó con Independiente por la Copa Argentina. Y, pese a que hubo un intento de negociación, integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez se negaron a despejar la ruta. En cuestión de minutos, los hinchas de Talleres se bajaron de los colectivos y desalojaron el corte en medio de “una guerra campal a machetazos, tiros y agresiones con armas blancas”. Hubo, al menos, 15 heridos.
El nivel de violencia alcanzado en ese episodio, que de milagro no fue una fatalidad, generó en Chaco una suerte de reacción que se viralizó por redes sociales: varios usuarios “pidieron” a la barra brava que regrese para terminar con el problema en la provincia, ante “la falta de compromiso e ineptitud de la policía para desarticular los cortes”.
Un día antes, en otro hecho sin antecedentes, un hombre de 53 años que circulaba en moto con su mujer por el centro de Resistencia, apuñaló a un manifestante de 33 años que le había impedido atravesar un piquete. El agresor, que había sido golpeado cuando intentó pasar, fue detenido. Además del cuchillo iba armado también con una cachiporra. La conclusión de esa jornada fue una escalada piquetera que sitió la zona de Casa de Gobierno hasta el otro día.
Opositores al gobierno de Jorge Capitanich hablan de “situaciones límite, anomia y desorden social”. Responsabilizan al mandatario de ser aliado de los manifestantes y de hacer oídos sordos a las demandas del resto de los trabajadores de la provincia. Incluso, el intendente de la Capital, Gustavo Martínez, dijo a LA NACION que intentó hablar “cien veces” con el gobernador, pero las soluciones no llegan y los problemas están a la vista.
La ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, dijo que el gobierno realiza un “trabajo permanente de prevención”, pero que no le corresponde a su área ordenar un desalojo. “Es competencia de la Justicia determinar si una protesta debe desalojarse o si debe continuar el diálogo”, algo que según indicó, el Gobierno “privilegia”.
Cruces con la justiciaNo es la primera vez que el gobierno se cruza con la justicia por este tema. En julio, el ministro de Planificación, Santiago Pérez Pons, acusó de “inacción” al Superior Tribunal de Justicia. El máximo organismo judicial respondió en los mismos términos: “Atribuir irresponsablemente culpas a la Justicia constituye un ataque, a partir del desconocimiento de las competencias y división de funciones estipuladas por la Constitución provincial”. El gobierno, después, volvió al silencio.
La postura de Capitanich, en tanto, zigzaguea entre la inacción, los intentos por generar canales de diálogo y la aplicación de cierta severidad. Llegó a dar una señal cuando en septiembre de 2020 designó al policía Gustavo Olivello como subsecretario de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial, cargo creado para “limpiar las calles”, según dicen que fue el pedido del gobernador.
Olivello asumió y a los 15 días cumplió esa orden: desalojó a los piqueteros instalados frente a la Casa de Gobierno. Y mientras para un sector de la sociedad se convertía en una estrella de la “mano dura”, para otros no era más que un villano. Capitanich lo apartó de su cargo en un santiamén.
Se dijo que en los tres meses que cumplió como funcionario, Olivello pudo confirmar lo que él mismo sospechaba: que existen aceitados vínculos entre los “gerentes de la protesta” y las autoridades.
En septiembre de 2021, urgido por las demandas, el gobernador convocó a diversos sectores para solucionar el tema, pero el llamado no prosperó.
En junio de este año, Capitanich firmó el documento que impulsa una reforma en la política social, que buscó retirarle el poder económico a los piqueteros, para que la distribución de la asistencia social pasara a manos de las provincias y municipios.
La mayoría de los sectores políticos consultados por LA NACION cree que esta es una solución posible, pero en el marco de un acuerdo político amplio. “Pero llegar a esa situación obligará al Estado a enfrentar su principal carencia que es la falta de información”, opinó el exlegislador y exministro provincial de Economía Eduardo Aguilar.
Capital provincial del piqueteHay consenso en consagrar la ciudad de Resistencia como la capital del piquete. Influye en esa apreciación la falta de respuestas políticas, sociales y económicas a los reclamos, en uno de los conglomerados más pobres de la Argentina, que no tiene posibilidades de generar empleo privado de calidad.
Los datos duros confirman a Chaco como una de las provincias más carentes del país, mientras que el Gran Resistencia continúa siendo el aglomerado urbano con mayor nivel de pauperización social, con un 49,9% de su población bajo la línea de pobreza y el 15% bajo la línea de indigencia, según el Indec. Ese dato de pobreza es un rasgo histórico, compartido con Corrientes y Formosa, con algunas provincias del noroeste y con el conglomerado pampeano de Concordia, que presentan indicadores sociales muy preocupantes.
Muchos “piqueteros” ya están contenidos por las mallas del Estado, a través de los planes sociales, pero son rehenes de punteros o dirigentes que persiguen intereses personales, en un escenario de peleaz de pobres contra pobres. “No nos dejan trabajar, y nosotros necesitamos hacerlo para mantener los planes sociales”. La queja es común entre los asalariados y pequeños empresarios de servicios del Chaco. También, entre los industriales y productores agropecuarios.
La grieta es parte del escenario, pero no siempre fue así. “El movimiento piquetero chaqueño tiene más de 20 años” y se caracterizó siempre por la presencia constante de las organizaciones. Las primeras protestas surgieron en 1999″, dijo a LA NACION Maximiliano Román, docente investigador de la Universidad Nacional del Nordeste y coordinador general del Observatorio de Conflictos Sociales del NEA.
En Chaco hay 600 movimientos sociales y unas 1000 cooperativas de trabajo registradas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). A las 60 mutuales se suman fundaciones y asociaciones civiles con personería jurídica.
Esta proliferación de movimientos constituye la puerta de entrada de otros sectores que se escudan en las necesidades de sus “afiliados” o “militantes”, para manifestarse en la calle, en busca de respuestas siempre oficiales, casi siempre dinerarias.
Se trata de un proceso que se fue desarrollando y que cambió su velocidad cuando asumió por primera vez Capitanich como gobernador, en 2007. “Implicó cambios a nivel político, luego de 16 años de gobiernos no peronistas. Capitanich replicó muchas de las medidas implementadas por Néstor Kirchner en 2003, con una propuesta de “pacto de paz social” con los sectores más movilizados de la provincia (gremios estatales, movimientos piqueteros y tomadores de tierras).
Esto generó un realineamiento político, que produjo divisiones internas y creación de nuevas organizaciones”, añadió Román.
Antes, cuando el Chaco era gobernado por el radicalismo, los sectores sociales y de trabajadores mantenían fuertes reclamos, pero al mismo tiempo las manifestaciones eran reprimidas con fuerza. La Policía estuvo mucho tiempo bajo la lupa por sus acciones represivas y seguida de cerca por los organismos de Derechos Humanos.
La situación cambió con la vuelta del peronismo. Al crecimiento exponencial de los espacios de representación social se añadió una notable diversificación de los objetivos y cierta retracción del Estado, que llegó a avalar la tercerización -a través de los movimientos sociales-, de asuntos cruciales de toda administración pública, como la educación y la construcción de viviendas, financiada mediante la transferencia de dinero a cooperativas. Irregularidades detectadas en esta materia engrosaron muchos expedientes judiciales.
También hay denuncias por la utilización de gente para movilizarse y peticionar dinero que, en general, va a parar a las arcas de los jerarcas de los movimientos. Un juez de Resistencia imputó a tres referentes del movimiento Los Jóvenes por lavado de activos. Recibían mercaderías del Estado, que eran “desviadas y vendidas a terceros”.
“Ley antipiquetes”Las imputaciones de lavado de activos o desvío de fondos fundamentan el proyecto de ley presentado por el diputado Leandro Zdero, uno de los precandidatos a gobernador por la UCR, para limitar el piquete como método extorsivo.
“Hay que terminar con los empresarios del piquete que abusan de la necesidad de la gente, llegando al límite de utilizar a mujeres con bebés o menores en brazos”, , dice el texto al que accedió LA NACION. La iniciativa prohíbe los piquetes u otras acciones que “obstaculicen, bloqueen o afecten el uso público o el libre tránsito”.
El proyecto fija que “toda prestación económica del Estado que reciba el autor de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones públicas será suspendida, porque el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente”.
La iniciativa llama a los chaqueños a “no convertirse en rehenes de los piqueteros, que se han adueñado del espacio público, y adoptan permanentemente una actitud hostil y de confrontación”.
En agosto pasado diputados del PJ y de la UCR presentaron un proyecto conjunto sobre la prohibición de participación de niños en los cortes de calle, un uso común que viene de las primeras protestas de finales de la década del 90.
El intendente Martínez propuso suspender la entrega de dinero directo y de otros recursos del Estado a los intermediarios de las familias que necesitan. “El Estado debe estar presente en los centros comunitarios, en los barrios, para que cualquiera pueda hacer su pedido de asistencia, sin tener que pasar por caudillos, punteros o piqueteros de la zona”, remarcó.
Mucho se discute en Chaco la normativa a aplicar para prevenir o disuadir los piquetes. Hay consenso en que se necesita un protocolo claro de actuación. Referentes de organizaciones sociales entienden que el método de reclamo genera hartazgo y violencia, y piden que “el mismo protocolo valga para todos los cortes, incluidos los de los productores agropecuarios y el de los empresarios”.
