En el mundo de la economía se sabe que el riesgo forma parte de la naturaleza de cualquier inversión. Y existe allí bastante consenso alrededor de la creencia de que pocas inversiones entrañan mayor riesgo desde el mismo momento en que se conciben que las aplicadas a algún proyecto cinematográfico. El cine es una actividad cara que impone y exige por anticipado la inversión de cifras importantes, en muchas ocasiones millonarias, aplicadas a múltiples actividades (producción, promoción, distribución) sin tener el menor conocimiento de cómo una película determinada será recibida por la audiencia. Un fracaso de taquilla, circunstancia más habitual que excepcional, puede llegar a tener consecuencias devastadoras para quienes costean esos gastos.

Por eso, en casi todo el mundo, se destinan fondos desde distintos ámbitos estatales (nacionales, regionales o locales) para estimular la realización de películas. En la Argentina, ese estímulo oficial apunta en teoría a desarrollar y darle continuidad a una industria cuyo talento y creatividad son permanentemente reconocidas en los festivales internacionales más importantes.

A menos que estemos en una sociedad cerrada como la china, donde la totalidad de la producción cinematográfica local se financia con fondos estatales, toda industria cinematográfica que se precie de tal en un país libre y abierto como el nuestro no puede ni debe depender jamás en su totalidad del estímulo oficial. Durante la administración kirchnerista, algunas de las medidas aplicadas desde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) convertían ese fomento en una virtual (e inadmisible) estatización del sistema: había películas que recibían fondos oficiales que cubrían el 100% del costo de esa producción, incluyendo hasta el pago de salarios para el personal técnico o artístico.

En los hechos, algunos productores o directores que conseguían una garantía de continuidad de ese mecanismo se transformaban casi de hecho en empleados públicos. Y el gobierno se aseguraba así el respaldo político de un sector que celebraba como plena actividad lo que no era más que un espejismo. Esta realidad incompatible con cualquier manejo razonable de los recursos públicos destinados a sostener la actividad cultural terminó cayendo por su propio peso.

Con razonabilidad, la gestión que se hizo cargo del Incaa desde la llegada a la presidencia de Javier Milei cambió algunas reglas e impuso, entre otras modificaciones, la obligación de presentar la película terminada como condición previa a la solicitud de un subsidio. De esta manera, se apuntó a que los productores privados también corrieran como en cualquier otra actividad con la parte del riesgo económico de una inversión que les corresponde, a lo que se suma en este caso la apuesta artística. De otra manera, si continuaba el régimen anterior, hubiesen quedado a la vista de todos como beneficiarios de una de las tantas situaciones que justifican el calificativo de “Estado bobo”, expresión que tan bien define desde tiempo inmemorial la ineficiencia del sector público y lo mal que se emplean los recursos aportados con sus impuestos por los contribuyentes.

La última palabra sobre el éxito o el fracaso de una película siempre queda en manos del público. Ningún proyecto cinematográfico llega a las salas con un certificado de repercusión favorable asegurado, pero aquellas películas (pequeñas o grandes) que confían en la audiencia en vez de salir a ganarse la simpatía del poder de turno o la identificación con algún postulado ideológico para sacar ventajas siempre tendrán más posibilidades de éxito y reconocimiento.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/editoriales/cuando-el-cine-es-producto-de-un-estado-bobo-nid09052026/